La Corte Suprema de EE. UU. mantiene por ahora la atención médica a presos transgénero
El 21 de octubre de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, rechazó una solicitud urgente de la administración del presidente Donald Trump en un litigio sobre el tratamiento de personas transgénero en prisiones federales. Su resolución en el caso Trump v. Kingdom mantiene una medida cautelar contra nuevas normas que privarían a los pacientes de terapia hormonal y otros cuidados para la disforia de género.
La breve resolución no lleva la firma de un juez concreto ni explica sus motivos. Señala que los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito habrían aceptado la solicitud de la administración. El rechazo se refiere a medidas provisionales durante la apelación; la legalidad de la política en sí no se ha resuelto definitivamente.
El litigio se centra en las normas de la Oficina Federal de Prisiones (BOP), adoptadas en febrero de 2026 tras una orden ejecutiva de Trump de enero de 2025. Para tratar la disforia de género, mantenían la psicoterapia y la atención psiquiátrica, pero excluían la terapia hormonal, las operaciones y las adaptaciones sociales, como ropa acorde con la identidad de género. Se preveía retirar gradualmente el tratamiento a quienes ya recibían hormonas.
El juez federal de distrito Royce Lamberth, en Washington, bloqueó esas normas el 17 de junio de 2026 y renovó la medida cautelar el 26 de agosto. Según los documentos de los tribunales inferiores, el tribunal consideró de forma preliminar que la oficina podía haber actuado arbitrariamente al no tener en cuenta sus años de experiencia prestando esos cuidados. La medida mantiene el régimen anterior de tratamiento para presos con diagnóstico de disforia de género mientras continúa el proceso.
En su respuesta a la Corte Suprema del 9 de octubre, los abogados de la administración sostuvieron que dejar de proporcionar hormonas, operaciones y adaptaciones sociales estaba justificado por la insuficiencia de pruebas médicas, la seguridad de los centros y las necesidades de gestión penitenciaria. También afirmaron que los tribunales habían sustituido la evaluación de la agencia competente por la suya y excedido los límites de intervención permitidos.
Tres personas encarceladas presentaron la demanda en marzo de 2025. Las representan la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), su filial del Distrito de Columbia y la organización de derechos humanos Transgender Law Center. En un comunicado de la ACLU, los abogados de los demandantes calificaron el rechazo de importante para preservar la atención prescrita por médicos y afirmaron que negar tratamientos necesarios vulnera los derechos constitucionales de los presos.
Uránia ya informó sobre la solicitud que la administración Trump presentó a la Corte Suprema el 28 de septiembre.
