El Parlamento británico examina el proyecto de prohibición de prácticas de conversión contra personas LGBT
El 29 de octubre de 2026, en Londres, una comisión conjunta de ambas cámaras del Parlamento británico celebró una audiencia pública sobre el proyecto de prohibición de las prácticas de conversión dirigidas a cambiar la orientación sexual o la identidad transgénero. Ese mismo día, el Gobierno publicó una respuesta sobre cómo afectaría la propuesta a los docentes.
Según el programa de la sesión en el Palacio de Westminster, participaron representantes de las organizaciones LGBT Stonewall y Galop, de la Ban Conversion Practices Coalition, así como de Gay Men’s Network, Sex Matters y LGB Alliance. Los participantes mantienen posturas diferentes sobre el proyecto.
La diputada independiente de la Cámara de los Comunes Rosie Duffield preguntó el 22 de octubre si la negativa de un docente a apoyar la transición social de un alumno quedaría dentro de la prohibición propuesta. En una respuesta escrita del 29 de octubre, el secretario de Estado de Igualdad Simon Lightwood afirmó que el proyecto no criminalizaría a nadie por el mero hecho de expresar opiniones y creencias o mantener conversaciones aclaratorias. Según él, tampoco impediría que los padres decidan cómo criar a sus hijos. Remitió a las escuelas a las directrices gubernamentales Keeping Children Safe in Education.
El proyecto publicado por el Gobierno se aplica a Inglaterra y Gales. Propone sanciones penales para actos que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad transgénero, constituyen abuso y causan daños graves a la salud, o una alarma o angustia graves que afectan sustancialmente a la vida cotidiana. La pena máxima propuesta es de cinco años de prisión. El documento también contempla órdenes judiciales de protección.
Galop, que ayuda a personas LGBT que han sufrido violencia, apoya la prohibición, pero considera que el proyecto necesita cambios. En una publicación del 20 de octubre señaló las lagunas de la legislación vigente y la necesidad de una protección más completa para las personas LGBT.
Sex Matters, organización que defiende derechos basados en el sexo biológico, cuestiona que las garantías del Gobierno sean suficientes. En un texto del 20 de octubre destacó la falta de excepciones expresas para padres y docentes. Expresó su preocupación por que una redacción imprecisa pueda dar lugar a investigaciones por conversaciones familiares o profesionales habituales.
El documento sigue siendo un borrador sometido a examen parlamentario previo. La comisión recibe aportaciones escritas hasta el 16 de noviembre de 2026 y debe presentar su informe a más tardar el 22 de enero de 2027.
Uránia ya informó sobre las críticas al mismo proyecto del diputado conservador británico Richard Fuller tras reunirse con LGB Alliance.
