La defensa de la estudiante brasileña Isadora Borges informa de un intento de reabrir su caso por transfobia
La fiscalía federal de Brasil ha recurrido el cierre del proceso penal contra Isadora Borges, estudiante de Veterinaria, por publicaciones sobre personas transgénero. ADF International lo anunció el 21 de octubre de 2026. La organización presta apoyo jurídico a su defensa. Se trata de un intento de revisar la decisión; la reapertura del proceso no está confirmada.
Según The Christian Post, la fiscalía pretende llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Brasil (STJ). La defensa calcula que, si se reanudan las actuaciones y hay una condena, Borges podría afrontar de dos a cinco años de prisión por cada uno de los dos cargos, hasta diez años en total.
Sin embargo, la ficha pública del caso en Escavador registra la presentación de un recurso especial el 26 de agosto y su inadmisión el 25 de septiembre de 2026. El comunicado de ADF del 21 de octubre no explica esa anotación. Hasta el 27 de octubre no fue posible confirmar si el recurso había avanzado tras la inadmisión o si el proceso penal se había reanudado.
El 12 de marzo, la tercera sala del Tribunal Regional Federal de la 5.ª Región, en Recife, puso fin por unanimidad al proceso que se tramitaba en el estado de Paraíba. Según la resolución publicada, los textos de Borges no incitaban a la discriminación, la hostilidad ni la violencia, y no evidenciaban la intención necesaria para establecer responsabilidad penal.
La acusación se refería a dos publicaciones en Twitter, hoy X, del 16 de noviembre de 2020. Borges sostenía, basándose en el sexo al nacer, que las mujeres trans no son mujeres y que las operaciones y las hormonas no cambian el ADN. Según el medio jurídico brasileño Migalhas, la diputada federal transgénero Erika Hilton participó en el caso junto a la acusación.
Las partes discrepan sobre la valoración de esas declaraciones. La resolución de marzo recoge que la fiscalía consideraba que las publicaciones excedían los límites de la libertad de expresión y que la intención discriminatoria debía examinarse mediante pruebas en el juicio. La defensa las describió como opiniones sobre la relación entre sexo biológico e identidad de género. El abogado de ADF Julio Pohl criticó el intento de revisión por considerarlo una amenaza a la libertad de expresión.
La base jurídica de la acusación era una resolución de 2019 del Supremo Tribunal Federal: hasta que el Congreso apruebe una ley específica, se aplican a la homofobia y la transfobia las disposiciones de la ley contra el racismo. La decisión de marzo sobre Borges se refería a publicaciones concretas y no revocaba ese criterio.
Uránia ya informó de la reelección de Erika Hilton y otras diputadas transgénero al Parlamento de Brasil.
