En el enclave español de Ceuta cerca del 70% de los solicitantes marroquíes de asilo alega homosexualidad
A mediados de octubre de 2026, en la ciudad autónoma española de Ceuta, en el norte de África, la Policía Nacional detectó un cambio drástico en las solicitudes de protección internacional: alrededor del 70% de los solicitantes de asilo procedentes de Marruecos comenzaron a alegar pertenencia al colectivo LGTBI y temor a represalias penales por su orientación sexual como argumento principal para solicitar refugio.
Según una investigación del diario español ABC, esta modificación en el patrón se produjo semanas después de las entradas masivas registradas a finales de julio, cuando miles de personas cruzaron el perímetro fronterizo. Si bien durante el primer mes la gran mayoría justificaba su llegada por dificultades económicas y búsqueda de empleo, los servicios de extranjería constataron un notable incremento de expedientes basados en la orientación sexual. Fuentes policiales y sindicales atribuyen este giro a un posible asesoramiento legal entre los propios migrantes, dado que en Marruecos el artículo 489 del Código Penal castiga las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo con penas de entre seis meses y tres años de prisión, lo que en principio habilita la solicitud de asilo bajo la normativa comunitaria.
No obstante, las autoridades españolas han remarcado que manifestar una determinada orientación sexual no otorga automáticamente el asilo. El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, señaló en una rueda de prensa en Ceuta que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) exige indicios objetivos, serios y verificables de un temor fundado de persecución, y no una simple declaración verbal. Los agentes especializados realizan cuestionarios y entrevistas exhaustivas para contrastar la verosimilitud de cada testimonio. De acuerdo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), de las casi 1.200 peticiones formalizadas hasta la fecha, se han resuelto unas 700, con una tasa de denegación a ciudadanos marroquíes que ronda entre el 90% y el 99%. Hasta ahora solo ha trascendido la concesión de protección internacional en cinco casos por motivos de persecución por orientación sexual.
La denegación de la solicitud activa la tramitación de expedientes de devolución, aunque no implica una expulsión automática e inmediata, ya que los solicitantes disponen de vías de recurso, incluso ante la Audiencia Nacional, si bien solo una proporción mínima (en torno al 0,1%) recurre a los tribunales. Aunque algunos de los afectados regresan voluntariamente a Marruecos, la policía advierte de que muchos abandonan las instalaciones de acogida y permanecen en paradero desconocido dentro de la ciudad autónoma para eludir la expulsión.
La situación en Ceuta ha reactivado el debate político en España. En septiembre, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, rechazó calificar de «invasores» a quienes cruzaron la frontera y defendió que en su mayoría se trata de personas que «buscan una vida mejor», apostando por reforzar la cooperación con Marruecos y la inversión en infraestructuras frente a las propuestas de despliegue militar formuladas por los partidos de la oposición de derechas, el Partido Popular y Vox. Por su parte, los sindicatos policiales han alertado del riesgo de fraude procesal, demandando más personal especializado y mayor agilidad resolutiva para garantizar que el derecho de asilo continúe protegiendo a quienes sufren persecución real.
Con anterioridad, Uránia informó sobre la resolución del Tribunal Administrativo Federal de Suiza, que examinó los baremos de prueba necesarios para acreditar persecución en solicitudes de asilo por motivos de orientación sexual.
