Informe: la discriminación y la falta de derechos LGBT+ le cuestan a Japón hasta 16 billones de yenes al año

En octubre de 2026, la coalición empresarial internacional Open for Business publicó un informe analítico titulado «Argumentos económicos a favor de la inclusión LGBTQ+ en Japón», según el cual la discriminación y la ausencia de reconocimiento jurídico pleno para las minorías sexuales y de género le cuestan a la economía japonesa entre 6,04 y 16,42 billones de yenes al año. Esta cifra representa entre 37.300 y 101.500 millones de dólares estadounidenses, lo que equivale a entre el 0,87% y el 2,38% del producto interior bruto (PIB) del país.

Los autores del estudio atribuyen este impacto financiero a dos factores determinantes: la merma de productividad derivada de problemas de salud y la brecha salarial laboral. Los analistas calculan que entre 4,06 y 12,17 billones de yenes (de 25.100 a 75.100 millones de dólares) anuales proceden del exceso de carga de enfermedades asociadas al estrés de las minorías y a la exclusión social. Estas pérdidas comprenden enfermedades cardiovasculares (2,67–8,01 billones de yenes), trastornos depresivos (1,03–3,08 billones de yenes, equivalentes a casi un millón de casos adicionales de depresión clínica), conductas suicidas y autolesiones (0,31–0,93 billones de yenes) y atención médica ligada al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Asimismo, se pierden entre 1,98 y 4,25 billones de yenes (12.300–26.300 millones de dólares) cada año por la diferencia salarial de los trabajadores LGBTQ+, estimada por la OCDE entre un 7% y un 15%. Las personas trans fueron señaladas como el colectivo más expuesto, concentradas en empleos precarios y de menor retribución.

Según recoge el periódico estadounidense Washington Blade, la difusión del documento coincide con el agravamiento de la crisis demográfica en Japón. Las proyecciones del Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social (NIPSSR) prevén que la población japonesa descenderá de 126,15 millones en 2020 a menos de 87 millones en 2070. En un contexto de contracción de la población activa, retener talento cualificado y maximizar la productividad se tornan exigencias económicas de primer orden. El director ejecutivo de Open for Business, Ken Janssens, remarcó que Japón se sitúa en el 14.º puesto mundial en atracción de talento, pero cae a la 55.ª posición en aprovechamiento y preparación laboral, subrayando que «en estas circunstancias, el país no puede permitirse desperdiciar talento».

El informe subraya una marcada disonancia entre la postura de las grandes empresas, la opinión ciudadana y el marco legal estatal. En el índice corporativo PRIDE Index de 2025, el 80% de las 931 empresas evaluadas con sede en Japón obtuvieron la calificación máxima «Oro», y más de 700 firmas han respaldado públicamente el matrimonio igualitario. La principal patronal del país, la Federación Empresarial de Japón (Keidanren), ha instado en reiteradas ocasiones al gobierno a promulgar leyes que prohíban taxativamente la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (SOGI). A su vez, una encuesta de la agencia Dentsu efectuada en 2026 a más de 46.000 ciudadanos reveló que el 10,6% se identifica como LGBTQ+, el 67% respalda la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y el 82% apoya la educación sobre diversidad en las escuelas.

A pesar de estos avances sociales, Japón continúa siendo el único integrante del G7 que no reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo a escala nacional. Aunque los sistemas locales de certificados de pareja abarcan ya a casi el 93% de los habitantes, carecen de efectos jurídicos vinculantes y no confieren derechos en materia sucesoria, fiscalidad conjunta, custodia familiar ni consentimiento médico en urgencias hospitalarias. La ley de 2023 concebida para «promover la comprensión» hacia el colectivo carece de carácter sancionador, y un informe de la ONG Nijiiro Diversity constató que el 55% de los empleados afirman no disponer de medidas concretas de inclusión en sus centros laborales.

La copresidenta de la organización Marriage for All Japan, la letrada Makiko Terahara, precisó que estas cifras constituyen estimaciones cuantitativas y que una reforma legal no resolverá todos los problemas de inmediato, pero enfatizó que otorgar certidumbre jurídica aliviará el estrés crónico de los trabajadores y favorecerá la competitividad económica. El portavoz de la Alianza Japonesa por la Legislación LGBT, Akira Nishiyama, añadió que la iniciativa privada es fundamental, pero sin una prohibición legal expresa de la discriminación en la contratación y el despido, el potencial laboral del país sigue desaprovechado.

El debate sobre la igualdad para las minorías sexuales en Japón cuenta con antecedentes judiciales y sociales: recientemente, el Tribunal Superior de Osaka declaró inconstitucional la imposibilidad de registrar identidades no binarias en el sistema de registro familiar koseki, y en el ámbito escolar se realizaron sondeos sobre uniformes neutros para mitigar el malestar del alumnado.