Un tribunal de Oregón permite a una cristiana retomar su solicitud de adopción sin prometer que afirmará la identidad LGBT del menor

Un tribunal federal de distrito de Oregón aprobó el 9 de septiembre un acuerdo que obliga al estado a anular el rechazo de Jessica Bates y reanudar el examen de su solicitud para adoptar a un menor bajo tutela pública. Según la orden judicial pactada , el Departamento de Servicios Humanos de Oregón no puede exigirle que prometa usar los pronombres elegidos por el menor u otras expresiones sobre orientación sexual e identidad de género contrarias a sus creencias cristianas.

La decisión no certifica automáticamente a Bates ni le asigna un menor. La agencia conserva la facultad de valorar las necesidades concretas de cada niño y la disposición del solicitante a atenderlas, incluidas las relacionadas con orientación sexual, identidad de género y expresión de género.

Bates es viuda, tiene cinco hijos y vive en Vale. Según LGBTQ Nation , quería adoptar a dos hermanos menores de nueve años. Oregón rechazó su solicitud en 2022 después de que afirmara que amaría al menor al margen de su identidad, pero que no apoyaría relaciones entre personas del mismo sexo ni una transición de género, no usaría pronombres distintos del sexo de nacimiento y no lo llevaría a recibir tratamiento hormonal.

En julio de 2025, un panel del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito resolvió por dos votos contra uno que la exigencia aplicada a Bates probablemente vulneraba la libertad de expresión y el libre ejercicio de la religión. La sentencia publicada sostuvo que el estado condicionaba el acceso al programa a expresar una postura determinada. El juez Richard Clifton discrepó: a su juicio, Oregón regulaba el cuidado de menores bajo su tutela, no las creencias privadas de la solicitante. El tribunal rechazó revisar el caso en pleno en febrero de 2026.

Oregón modificó después sus normas administrativas y eliminó el requisito general de apoyar una posible identidad LGBT del menor. El portavoz Jake Sunderland declaró al Oregon Capital Chronicle que la agencia seguirá buscando para los menores LGBT hogares capaces de ofrecer seguridad y apoyo mediante evaluaciones individualizadas.

Alliance Defending Freedom, la organización jurídica conservadora que representó a Bates, calificó el acuerdo como una defensa de los derechos constitucionales y un rechazo a los filtros ideológicos. La organización LGBT Basic Rights Oregon sostuvo, por el contrario, que el resultado permite discriminar a menores vulnerables y debilita las garantías para ubicarlos en hogares seguros.

El caso no terminó, por tanto, con un «derecho a adoptar» incondicional, sino con la prohibición de excluir automáticamente a Bates por sus creencias religiosas y su forma de expresarlas. La certificación y cualquier asignación concreta siguen correspondiendo a las autoridades de Oregón.

«Urania» informó anteriormente de otra disputa sobre las políticas de Oregón hacia las personas trans: el Noveno Circuito permitió al estado seguir alojando a mujeres trans en prisiones masculinas mientras examina individualmente las solicitudes de traslado.