La Administración Trump pide al Supremo de EE. UU. limitar la atención a presos trans

El 28 de septiembre de 2026, la Administración del presidente estadounidense Donald Trump presentó una solicitud de emergencia ante el Tribunal Supremo para que permita temporalmente restricciones a la atención médica de afirmación de género de las personas trans en prisiones federales. Según el expediente de Trump v. Kingdom, n.º 26A416 , el Gobierno pide suspender una orden de un tribunal inferior mientras continúa el litigio principal. El Supremo todavía no se ha pronunciado.

La política de la Oficina Federal de Prisiones, adoptada en febrero de 2026, mantiene la psicoterapia y la atención psiquiátrica para la disforia de género, pero excluye hormonas, cirugías y «adaptaciones sociales», como fajas de pecho, pelucas y prótesis mamarias. Siguió a una orden ejecutiva de enero de 2025 que prohibió usar fondos federales en procedimientos, tratamientos o fármacos destinados a adecuar la apariencia de un preso al sexo opuesto.

El juez federal de distrito Royce Lamberth había bloqueado la aplicación de esas reglas a todos los presos actuales y futuros diagnosticados con disforia de género. De forma preliminar, concluyó que la oficina pudo actuar arbitrariamente al ignorar su propia experiencia clínica y «diseñar a la inversa» la nueva política para ejecutar la orden presidencial. El 18 de septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazó levantar el bloqueo durante el proceso.

El procurador general ante el Supremo, D. John Sauer, sostuvo que el tribunal inferior sustituyó el criterio del organismo competente por el suyo. La Administración afirma que la política conserva atención psiquiátrica individualizada y que la supresión de hormonas, cirugías y adaptaciones de apariencia se justifica por el debate médico, la seguridad institucional y la gestión penitenciaria. Según Reuters , el Gobierno solo solicita aplicar las reglas mientras prosigue el litigio.

La demanda fue presentada por la mujer trans Alishea Sophia Kingdom y dos hombres trans, Solo Nichols y Jas Kapule. Los representan la ACLU, su filial del Distrito de Columbia y el Transgender Law Center. Los demandantes alegan que retirar un tratamiento prescrito puede causar depresión, ansiedad, autolesiones e ideas suicidas, y que una prohibición general vulnera las enmiendas Quinta y Octava, la Ley de Rehabilitación y el derecho administrativo federal. La ACLU calcula que la demanda colectiva abarca a unas 2.000 personas; la oficina informó de que más de 600 presos recibían hormonas en 2025.

El fondo del caso sigue sin resolverse. El presidente del Supremo solicitó la respuesta de los demandantes para el 8 de octubre; después, los jueces podrán decidir únicamente si la política se aplica temporalmente. La información original de Washington Blade recoge la objeción de la ACLU a retirar atención necesaria y el argumento de la Administración de que las autoridades penitenciarias deben fijar los estándares médicos y de seguridad.

«Urania» informó anteriormente sobre el fallo que permitió a Oregón seguir recluyendo a mujeres trans en prisiones masculinas y sobre el fin de una norma federal contra la discriminación del alumnado LGBT .