Activistas LGBT+ en Turquía lanzan la campaña «Queremos libertad» tras arrestos masivos
El 23 de septiembre de 2026, un colectivo de defensores de derechos humanos en Turquía anunció la creación de la campaña de alcance nacional «Queremos libertad» (Özgürlük İstiyoruz), en respuesta a una ofensiva judicial y policial sin precedentes contra la comunidad LGBT+. Según informó el medio independiente turco Bianet , el grupo impulsor adoptó el lema «Todo es un calabozo, queremos libertad» (Her yer zindan, özgürlük istiyoruz), reclamando la excarcelación inmediata de todas las personas recluidas, el fin de la censura digital y el cese del acoso a las entidades de la sociedad civil.
La movilización responde a una serie de redadas coordinadas iniciadas el 12 de septiembre por las fuerzas de seguridad bajo la denominación oficial «Mi familia está a salvo» (Ailem Güvende). De acuerdo con los datos recabados por el colectivo, las actuaciones judiciales han abarcado 15 provincias, entre ellas Estambul, Ankara, Esmirna, Mersin y Aydın, abriendo procesos contra 162 personas, nueve asociaciones y 13 locales comerciales. Hasta la fecha, los tribunales han ordenado prisión preventiva para 82 personas (20 en Estambul, 28 en Mersin, 16 en Esmirna, 13 en Ankara y cinco en Aydın), entre las que se encuentran dirigentes asociativos, periodistas, abogados y mujeres trans. En protestas espontáneas contra estas medidas, los agentes detuvieron además a unas 130 personas.
Frente a la consigna oficial, la coalición contrapuso el principio: «Nuestra familia está a salvo solo si todos estamos a salvo» (Hepimiz güvendeysek ailemiz güvende). En su declaración pública, los activistas subrayaron que la seguridad ciudadana no puede limitarse a una retórica familiar conservadora, sino que debe abarcar la protección efectiva contra la violencia, una vivienda digna, estabilidad laboral y atención médica sin discriminación. Recordaron que las organizaciones clausuradas o bloqueadas brindaban asistencia jurídica, contención psicológica y orientación sobre el VIH, por lo que su cierre desmantela una red de apoyo indispensable. Asimismo, instaron a los medios de comunicación a informar de manera rigurosa sobre los procesos penales y las condiciones carcelarias, evitando dar por probadas las acusaciones gubernamentales preliminares.
Por su parte, el Ejecutivo turco insiste en que las intervenciones responden al marco legal vigente. El ministro de Justicia Akın Gürlek y el presidente Recep Tayyip Erdoğan sostuvieron que la operación tiene como objetivo «salvaguardar la institución de la familia, la infancia y el orden público», además de fiscalizar fondos procedentes del extranjero. En sentido contrario, organismos como Naciones Unidas, el Consejo de Europa y coaliciones internacionales de derechos humanos de 65 países han calificado los operativos como un grave retroceso para la libertad de expresión y asociación.
Con anterioridad, «Uránia» informó detalladamente sobre el inicio de la operación «Mi familia está a salvo» y los bloqueos digitales a portales LGBT+ en Turquía , el discurso del presidente Erdoğan en la Asamblea General de la ONU contra la supuesta «desgenerización global» y las reiteradas prohibiciones gubernamentales de marchas del orgullo en ciudades turcas .
