La relatora de la ONU denuncia la represión transnacional de Rusia contra personas LGBT en el exilio

La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia, Mariana Katzarova, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra su informe anual, en el que documenta un aparato estatal de represión transnacional contra ciudadanos rusos en el extranjero, incluyendo a miembros de la comunidad LGBT+. Las conclusiones fueron difundidas el 21 de septiembre de 2026 por el periódico Novaya Gazeta Europa a partir de los documentos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU .

Bajo el título «Sin lugar donde esconderse: exportando el imperio del miedo más allá de las fronteras — la represión transnacional de la Federación de Rusia», el informe expone que el acoso extraterritorial a disidentes se convirtió a partir de 2022 en una política estatal sistemática. Tras examinar cerca de 400 casos documentados entre 2004 y 2026, Katzarova constató que el promedio anual de incidentes se ha multiplicado por ocho. Entre los mecanismos señalados figuran las condenas en rebeldía (que aumentaron de 4 en 2022 a 157 en 2025), el uso abusivo de circulares de Interpol y de convenios de la CEI, el espionaje digital, el bloqueo bancario internacional mediante listas de Rosfinmonitoring y las amenazas y represalias contra familiares que permanecen en Rusia.

El documento dedica un apartado especial a la situación de las personas LGBT+ en el exilio. La relatora advierte de que la declaración del «movimiento internacional LGBT» como organización extremista por parte del Tribunal Supremo ruso en 2023 consolidó un riesgo permanente de procesamiento penal que traspasa las fronteras nacionales. Las personas queer originarias del Cáucaso Norte enfrentan un peligro aún mayor; el informe cita intentos de repatriación forzada mediante causas penales inventadas, como el caso del checheno Salman Mukaev, quien huyó de torturas en 2020 y fue detenido en Armenia en 2024 bajo una acusación rusa de tenencia de armas antes de que se le concediera el estatuto de refugiado.

La experta instó a la comunidad internacional a respetar estrictamente el principio de no devolución (non-refoulement), a examinar con rigor las solicitudes rusas de extradición y a impulsar un tratado vinculante de la ONU contra la represión transnacional. Por su parte, las autoridades de Moscú no reconocen el mandato de la relatora especial, al que tachan de mecanismo políticamente sesgado, le niegan la entrada a territorio ruso y rechazan cualquier acusación de violaciones sistemáticas de derechos humanos.

El mandato sobre la situación de los derechos humanos en Rusia fue creado por la ONU en 2022, y la defensora búlgara Mariana Katzarova ocupa el cargo desde mayo de 2023. Con anterioridad, Uránia informó de que las organizaciones LGBT+ rusas Sphera y Coming Out, junto a entidades internacionales, habían solicitado la renovación de este mandato para asegurar el seguimiento independiente de los abusos.