La reforma de la financiación extranjera en India podría dificultar el trabajo de los grupos LGBT
El Parlamento de India remitió el 12 de agosto a una comisión conjunta un proyecto de reforma de la regulación de la financiación extranjera. Las normas propuestas podrían dificultar el trabajo de las organizaciones LGBT que dependen de donaciones del exterior, al ampliar el control estatal sobre esos fondos y los bienes adquiridos con ellos.
El proyecto de enmienda de la FCRA , presentado en la cámara baja el 25 de marzo, crearía una autoridad designada por el Gobierno. Si se cancela, entrega o no renueva el registro de una entidad que recibe financiación extranjera, este organismo podría administrar provisionalmente los fondos restantes y los bienes adquiridos total o parcialmente con ellos. Si la organización no recupera el registro dentro del plazo establecido, los bienes podrían quedar definitivamente bajo el control de la autoridad, transferirse a organismos públicos o venderse.
Unas normas separadas del Ministerio del Interior , vigentes desde el 22 de junio, ya obligan a las organizaciones a indicar sus fines y regiones de trabajo, declarar sus cuentas en redes sociales y obtener autorización para cambiar sus actividades. Para demostrar una «actividad razonable» y conservar el registro de la FCRA, una organización debe utilizar al menos un millón de rupias en aportaciones extranjeras durante dos ejercicios fiscales.
Souvik Saha, fundador de las organizaciones indias People for Change y Jamshedpur Queer Circle, declaró a Los Angeles Blade que el umbral de gasto y la posible transferencia de bienes suponen un riesgo especial para los pequeños grupos LGBT que mantienen líneas de ayuda, espacios seguros y programas regionales con subvenciones modestas. Según él, la financiación nacional para este trabajo sigue siendo limitada en India, mientras que las fundaciones empresariales y privadas suelen considerar controvertidos los asuntos LGBT.
El Gobierno indio afirma que la reforma subsana vacíos en la gestión de las aportaciones extranjeras y refuerza la transparencia, en lugar de restringir la beneficencia legítima. Una explicación oficial subraya que la administración solo afectaría a los bienes creados con fondos del exterior y que las normas se aplican por igual a organizaciones de cualquier ideología. El proyecto también reduciría de cinco años a uno la pena máxima de prisión por infringir la FCRA. La comisión conjunta debe presentar su informe al finalizar la primera semana de la sesión parlamentaria de invierno.
