El nuevo Código Penal de Níger incluye la asexualidad entre las prácticas LGBTQIA+ punibles
El nuevo Código Penal de Níger, que entró en vigor el 11 de junio de 2026, incluye expresamente la palabra «asexuales» en una lista de «prácticas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales y asexuales (LGBTQIA+)». La formulación es inusualmente amplia e imprecisa: los artículos 390–394 no definen la asexualidad ni explican qué conductas constituirían una «práctica asexual».
La asexualidad es una orientación sexual caracterizada por sentir poca o ninguna atracción sexual. No equivale al celibato o a la abstinencia y no es en sí misma un acto. La ley sí nombra la asexualidad, pero no crea un delito separado por carecer de atracción sexual, rechazar mantener relaciones sexuales o vivir en celibato. Por tanto, afirmar que Níger ha «criminalizado la asexualidad» exige esta precisión. No hay pruebas comparativas fiables que establezcan que esta sea la primera ley de este tipo en el mundo.
La misma fórmula ya figuraba en el artículo 25 de la Carta de la Refundación , promulgada el 26 de marzo de 2025. La Carta declaró prohibidas y punibles las «prácticas» LGBTQIA+, pero no fijó sanciones. La Ordenanza n.º 2026-09 del 16 de febrero de 2026 instituyó el nuevo Código Penal; según Associated Press , entró en vigor el 11 de junio.
Antes del nuevo Código, las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo no estaban expresamente criminalizadas. La reforma comenzó bajo el presidente Mohamed Bazoum, derrocado por los militares el 26 de julio de 2023, y fue completada bajo el régimen del general Abdourahamane Tiani.
El artículo 390 establece penas de entre cinco y diez años de prisión y multas de 10 a 100 millones de francos CFA por cometer o intentar cometer las «prácticas» enumeradas, un «acto indecente o contrario a la naturaleza», o mantener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. La misma pena se aplica a la exhibición pública de una relación amorosa entre personas del mismo sexo y al cambio o intento de cambio «artificial» del sexo asignado al nacer.
El artículo 391 castiga el matrimonio entre personas del mismo sexo con entre 10 y 20 años de prisión, también para quienes oficien, atestigüen, organicen o consientan la ceremonia. Según el artículo 392, dirigir, financiar o participar en una organización o club LGBTQIA+ conlleva entre 10 y 20 años de cárcel y una multa de 50 a 500 millones de francos CFA; el artículo 393 impone una multa comparable a las personas jurídicas. El artículo 394 excluye las circunstancias atenuantes y la suspensión de la pena para estos delitos. Front Line Defenders advierte que la vaguedad de las disposiciones y la amplitud de las conductas criminalizadas apenas dejan margen a los tribunales para moderar las penas.
La ley ya se aplica contra personas sospechosas de mantener relaciones con otras del mismo sexo. El 1 de julio, Reuters informó de al menos 16 detenciones, entre ellas las de altos funcionarios de aduanas y policía, además de civiles. Una fuente judicial afirmó que la operación continuaría en cuarteles militares y campus universitarios. The Guardian , citando medios locales, señaló que hasta 40 personas habían sido detenidas. Esas informaciones se referían a presuntas relaciones entre personas del mismo sexo. Hasta el 22 de agosto de 2026 no se había informado de ningún caso en que la disposición se aplicara específicamente contra personas asexuales.
La persecución también ha afectado a la atención sanitaria. Según The Guardian, las organizaciones que trabajan con hombres que tienen relaciones sexuales con hombres dejaron de operar, privando a personas de preservativos, pruebas y profilaxis preexposición. El 23 de julio, Human Rights Watch informó de que varios trabajadores sanitarios comunitarios habían suspendido las actividades de apoyo y atención directa por temor al acoso o los abusos.
En un análisis regional publicado el 2 de agosto, The Guardian situó a Níger junto a Malí, Burkina Faso y Senegal, donde también se han introducido o endurecido recientemente leyes anti-LGBT.
La formulación imprecisa puede exponer a las personas asexuales y a quienes defienden sus derechos a procesos arbitrarios. Aún se desconoce cómo interpretarán las autoridades y los tribunales las «prácticas asexuales».
